DESDE EL 1 DE ENERO DE 2017 HA ENTRADO EN VIGOR LA AMPLIACIÓN DEL PERMISO DE PATERNIDAD A CUATRO SEMANAS ININTERRUMPIDAS

Tras diversas prórrogas, a partir del día 1 de enero de 2017, el trabajador tendrá derecho a la suspensión del contrato por paternidad durante cuatro semanas ininterrumpidas (un mes), ampliables en los supuestos de parto, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples en dos días más por cada hijo a partir del segundo.

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Ha tardado, pero ya está aquí. Hemos tenido que esperar hasta este año 2017 para la plena efectividad de un derecho que ya estaba contemplado desde el año 2009. La familia, por tanto, podrá disfrutar durante estas cuatro semanas de forma conjunta con su hijo de estos momentos tan importantes. Si bien es un avance, la sociedad no debería conformarse con esto y exigir a nuestros gobernantes una mejora sustancial en estos derechos, tanto a los padres como a las madres, sin ningún tipo de distinción.

Partimos de la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad de mujeres y hombres, que estableció una nueva causa de suspensión del contrato de trabajo, en razón de la paternidad, y, derivado de ello, incorporó en el marco de la acción protectora de la Seguridad Social una nueva prestación económica, que tiene como finalidad establecer una renta que sustituya el salario dejado de percibir durante la suspensión de la actividad laboral.

En su formulación inicial, la duración de la prestación se situó en 13 días (que se añadían al permiso por paternidad, de 2 días de duración), si bien la Ley 9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de la duración del permiso de paternidad, previó que la suspensión del contrato de trabajo alcanzase una duración de 4 semanas, demorando su entrada en vigor al 1 de enero de 2011, aunque, posteriormente, las respectivas leyes de Presupuestos Generales del Estado fueron ampliando esa demora, de modo que la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para 2016 estableció que la vigencia del contenido de la Ley 9/2009 se produciría a partir del 1 de enero de 2017.

Dado que no existe disposición legal que demore de nuevo la vigencia de la ampliación de la suspensión del contrato de trabajo, con el inicio del ejercicio 2017 despliega sus efectos el contenido de la Ley 9/2009 en relación con la suspensión del contrato de trabajo en razón de la paternidad y, en conexión con ello, de la prestación económica de la Seguridad Social que viene a sustituir el salario dejado de percibir al cesar temporalmente en la prestación de servicios.

La Ley 9/2009 introdujo un nuevo redactado en el artículo 48 bis (actual artículo 48.7) del Estatuto de los Trabajadores, de tal modo, que a partir del día 1 de enero de 2017, el trabajador tendrá derecho a la suspensión del contrato por paternidad durante cuatro semanas ininterrumpidas (un mes), ampliables en los supuestos de parto, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples en dos días más por cada hijo a partir del segundo.

Hay que tener en cuenta que se trata de un derecho de ejercicio potestativo y no obligatorio, de modo que el trabajador puede no ejercerlo. Para el caso que decida ejercerse el trabajador deberá comunicar al empresario, con la debida antelación, el ejercicio de este derecho en los términos establecidos, en su caso, en los convenios colectivos.

El permiso de paternidad, se podrá disfrutar a jornada completa o parcial, es exclusivo de los padres trabajadores e intransferible, lo que significa que no podrá ser cedido a la madre en ningún caso.

Pueden ponerse en contacto con  AENavarro Asesoría su despacho profesional de asesoría en Castellón, para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

Alejandro Eduardo Navarro García
Graduado social colegiado

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MEDIDAS TRIBUTARIAS DIRIGIDAS A LA CONSOLIDACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

El pasado 3 de diciembre de 2016 el gobierno publicó el Real Decreto Ley 3/2016 de medidas de ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas. Esta norma publicada toca muchos aspectos que en su mayoría tienen relevancia relativa para todos nosotros en el día a día. No obstante sí que hay una modificación muy importante en materia de la Ley General Tributaria, si somos empresarios o profesionales, que, en síntesis, a partir del 1 de enero de 2017 serán INAPLAZABLES LOS IMPUESTOS TRIBUTARIOS ESTATALES, así, se elimina la posibilidad excepcional de aplazar retenciones cuando se daban determinadas circunstancias de viabilidad económica, y se elimina por completo la posibilidad de aplazamiento de pagos fraccionados del impuesto sobre sociedades, y, la más importante SE ELIMINA LA POSIBILIDAD APLAZAR EL IMPUESTO DEL I.V.A. salvo que se demuestre que efectivamente las cuotas repercutidas de dicho impuesto no han sido efectivamente abonadas.

Y aquí, en este último punto, nos asalta la duda, no solo a los profesionales del asesoramiento y gestión, sino también a los propios funcionarios de la administración, ya que consultados a estos, ellos mismos no tienen claros que criterios de prueba van a ser exigidos.

No obstante, desde determinadas asociaciones y organizaciones empresariales se está negociando con el misterio de hacienda una modificación de esta eliminación de los aplazamientos de IVA, y estamos a la espera de dicha marcha atrás en este aspecto. No obstante hasta que no quede debidamente publicado nos tenemos que atener a la norma en vigor y esta indica que no podremos aplazar los impuestos tan fácilmente.

También destacan, entre otras, las modificaciones en el Impuesto de Sociedades sobre la limitación de deducción de pérdidas derivadas de la transmisión o del deterioro de participaciones, la limitación en la compensación de las bases imponibles negativas, se establece también un nuevo límite para la aplicación de deducciones por doble imposición interna e internacional. Asimismo, se prorroga una vez más la vigencia del Impuesto de Patrimonio durante 2017, se produce un incremento de los tipos de gravamen de los Impuestos sobre productos intermedios, sobre el alcohol y bebidas derivadas y sobre las labores del tabaco y se endurecen las posibilidades de aplazamiento o fraccionamiento de determinados tipos de deudas, tal y como hemos señalado anteriormente.

A continuación, de manera resumida les informamos de las principales novedades introducidas por este RDL 3/2016:

PRINCIPALES NOVEDADES

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

1.1 Limitación a la compensación de bases imponibles negativas para las grandes empresas

Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2016 se limita la compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores para contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios sea al menos de 20 millones de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el período impositivo, en los siguientes porcentajes:

• Contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios (INCN) sea al menos de 20 millones de euros pero inferior a 60 millones de euros, el 50 %;
• Contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios (INCN) sea al menos de 60 millones de euros, el 25%. Para estas empresas desaparece el importe mínimo de compensación de 1 millón de euros

Adicionalmente, se fija un nuevo límite en la aplicación de deducciones para evitar la doble imposición internacional o interna, generada o pendiente de compensar que se cifra en el 50 % de la cuota íntegra del contribuyente.

Las entidades con INCN < 20 millones de euros seguirán aplicando en 2016 el límite del 60% y el mínimo del millón de euros. En 2017, si la norma no cambia, estos contribuyentes aplicarán el 70%.

1.2 No deducibilidad de las pérdidas realizadas en la transmisión de participaciones en entidades

Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2017 se establece la no deducibilidad de las pérdidas realizadas en la transmisión de participaciones en entidades siempre que se trate de participaciones con derecho a la exención (participación significativa del 5% o valor de adquisición de 20 millones de euros, si bien se entiende cumplido si se alcanzó en cualquier día del año anterior a la transmisión) en las rentas positivas obtenidas, tanto en dividendos, como en plusvalías generadas en la transmisión de participaciones.

Asimismo, queda excluida de integración en la base imponible cualquier tipo de pérdida que se genere por la participación en entidades ubicadas en paraísos fiscales o en territorios que no alcancen un nivel de tributación adecuado.

1.3 Pérdidas por deterioro de participaciones (Reversión de los deterioros de valor de participaciones)

Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2016, se dispone que la reversión de las pérdidas por deterioro de valor de participaciones que resultaron fiscalmente deducibles en periodos impositivos previos a 2013 y que a partir de esa fecha no lo son, deberá realizarse por un importe mínimo anual, de forma lineal durante cinco años

Cabe recordar el tratamiento fiscal existente en relación con los deterioros de participaciones. Estos deterioros registran en el ámbito contable la pérdida esperada en el inversor ante la disminución del importe recuperable de la participación poseída respecto de su valor de adquisición, sin que aquella pérdida haya sido realizada. La incorporación de rentas en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades se construye actualmente sobre el principio de realización, de manera que los deterioros de valor de participaciones en entidades no son fiscalmente deducibles desde el año 2013, si bien aquellos deterioros que fueron registrados con anterioridad y minoraron la base imponible, mantienen un régimen transitorio de reversión. Todo ello, nos lleva a esta medida de ensanchamiento de la base imponible, que consiste en un nuevo mecanismo de reversión de aquellos deterioros de valor de participaciones que resultaron fiscalmente deducibles en períodos impositivos previos a 2013. Esta reversión se realiza por un importe mínimo anual, de forma lineal durante cinco años. En este RDL se establece la incorporación automática de los referidos deterioros, como un importe mínimo, sin perjuicio de que resulten reversiones superiores por las reglas de general aplicación, teniendo en cuenta que se trata de pérdidas estimadas y no realizadas que minoraron la base imponible de las entidades españolas.

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

Se prorroga al 2017 la aplicación de este impuesto en los mismos términos que se hizo para 2016.

IMPUESTOS ESPECIALES

Con efectos desde el 3 de diciembre de 2016, se incrementan los tipos impositivos de los siguientes impuestos especiales: Impuesto sobre Productos Intermedios, Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas e Impuesto sobre las Labores del Tabaco.

Impuesto sobre Productos Intermedios

El impuesto se exigirá a los siguientes tipos:

– Productos intermedios con un grado alcohólico volumétrico adquirido no superior al 15% vol.: 38,48 € por hectolitro para Península e Islas Baleares y 30,14 € por hectolitro en Canarias (anteriormente estos tipos eran 36,65 € y 28,70 €, respectivamente).

– Los demás productos intermedios: 64,13 € por hectolitro para Península e Islas Baleares y 50,21 € por hectolitro (anteriormente 61,08 € y 47,82 €, respectivamente).

Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas

El impuesto se exigirá a los siguientes tipos:

– Península e Islas Baleares: 958,94 € por hectolitro de alcohol puro (anteriormente 913,28 €).
– Canarias: 750,36 € por hectolitro de alcohol puro (anteriormente 714,63 €).

Régimen de destilación artesanal:

• Tarifa primera: 839,15 € por hectolitro de alcohol puro en Península e Islas Baleares y 653,34 € por hectolitro de alcohol puro en Canarias (anteriormente, 799,19 € y 622,23 €, respectivamente).
• Tarifa segunda: 839,15 € por hectolitro de alcohol puro en Península e Islas Baleares y 653,34 € por hectolitro de alcohol puro en Canarias (anteriormente, 799,19 € y 622,23 €, respectivamente).

– Introducción de bebidas derivadas fabricadas en otros Estados miembros por pequeños destiladores que obtienen una producción anual que no exceda de 10 hectolitros de alcohol puro: 839,15 € por hectolitro de alcohol puro en Península e Islas Baleares y 653,34 € por hectolitro de alcohol puro en Canarias (anteriormente, 799,19 € y 622,23 €, respectivamente).

– Régimen de cosechero: 226,36 € por hectolitro de alcohol puro en Península e Islas Baleares y 175,40 € por hectolitro de alcohol puro en Canarias (anteriormente, 215,58 € y 167,05 €, respectivamente).

Impuesto sobre las Labores del Tabaco

Se introducen cambios en los tipos impositivos relativos a los cigarrillos y a la picadura para liar:

Cigarrillos:

• Tipo específico: 24,7 € por cada 1.000 cigarrillos (anteriormente 24,1 €).

• El importe del impuesto no puede ser inferior al tipo único de 131,5 € por cada 1.000 cigarrillos, y se incrementará hasta 141 € cuando a los cigarrillos se les determine un precio de venta al público inferior a 196 € por cada 1.000 cigarrillos (anteriormente 128,65 € y 138 €, respectivamente).

Picadura para liar:

• Tipo específico: 23,5 € por kilogramo (anteriormente 22 €).

• El importe del impuesto no puede ser inferior al tipo único de 98,75 € por cada kilogramo, y se incrementará hasta 102,75 € cuando a la picadura para liar se le determine un precio de venta al público inferior a 165 € por kilogramo (anteriormente 96,5 € y 100,5 €, respectivamente).

MODIFICACIONES LEY GENERAL TRIBUTARIA

Con efectos desde el 01-01-2017, se eliminación de la posibilidad de aplazamiento o fraccionamiento de determinadas obligaciones tributarias.

  • Se suprime la excepción normativa que abría la posibilidad de aplazamiento o fraccionamiento de las retenciones e ingresos a cuenta.
  • Se elimina la posibilidad de aplazamiento o fraccionamiento de las obligaciones tributarias que deba cumplir el obligado a realizar pagos fraccionados del IS.
  • Tampoco podrán ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento las liquidaciones tributarias confirmadas total o parcialmente en virtud de resolución firme cuando previamente hayan sido suspendidas durante la tramitación del correspondiente recurso o reclamación en sede administrativa o judicial.
  • Se elimina la posibilidad de aplazamiento o fraccionamiento de los tributos repercutidos, siendo solamente aplazables en el caso de que se justifique debidamente que las cuotas repercutidas no han sido efectivamente pagadas.
  • No pueden ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento, a partir del 1 de enero de 2017, las siguientes deudas tributarias:Aquellas cuya exacción se realice por medio de efectos timbrados.
  • Las correspondientes a obligaciones tributarias que deban cumplir el retenedor o el obligado a realizar ingresos a cuenta.
  • Las que, de acuerdo con la legislación concursal, tengan la consideración de créditos contra la masa, en caso de concurso del obligado tributario,
  • Las resultantes de la ejecución de decisiones de recuperación de ayudas de Estado.
  • Las resultantes de la ejecución de resoluciones firmes total o parcialmente desestimatorias dictadas en un recurso o reclamación económico-administrativa o en un recurso contencioso-administrativo que previamente hayan sido objeto de suspensión durante la tramitación de dichos recursos o reclamaciones.
  • Las derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos salvo que se justifique debidamente que las cuotas repercutidas no han sido efectivamente pagadas. (IVA, por ejemplo).
  • Las correspondientes a obligaciones tributarias que deba cumplir el obligado a realizar pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades.

Los aplazamientos o fraccionamientos cuyos procedimientos se hayan iniciado antes del 1 de enero de 2017 se regirán por la normativa anterior a dicha fecha hasta su conclusión.

OTRAS NOVEDADES TRIBUTARIAS

• Aprobación de coeficientes de actualización de valores catastrales para 2017.

• Modificaciones en la Ley sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas: Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2016, al igual que lo establecido en la LIS, se limita la compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores para cooperativas cuyo importe neto de la cifra de negocios sea al menos de 20 millones de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el período impositivo.

 

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LO QUE NO SABEMOS DE LOS ANTICIPOS.

Seguramente, en más de alguna ocasión, nos hemos encontrado en la situación de tener que adelantar algún pago a cuenta de trabajos o servicios que están por venir, o por la compra de algún producto. También podemos estar el la situación inversa, en la que seamos nosotros como empresa los que recibimos un anticipo. ¿Sabías que si recibes un anticipo a cuenta de una operación futura debes emitir una factura que desglose el IVA e ingresarlo en la autoliquidación que corresponda?.

Es un olvido común en las empresas, sobre todo el pequeño comercio, pero se ha de saber que cuando una empresa recibe un anticipo debe emitir una factura completa por el importe anticipado, que incluirá el IVA correspondiente. Lo cotidiano es que las cantidades recibidas se guardan en un cajón y luego ya, más adelante, cuando se finaliza el servicio o la operación que corresponda, se emite una factura por el total y se cobra el diferencial entre la factura y el anticipo. Si nos encontramos en esta situación debemos saber que estamos en un error. Debe facturarse el anticipo y la operación.

Además, tenemos que tener especial atención, porque el IVA se deberá ingresar en la declaración que correspondiente a la fecha de cobro del anticipo, y no en la declaración correspondiente a la fecha de la factura. Cuando se realice la venta definitiva en un futuro, y se emita la factura, se descontará en ese momento la cantidad facturada anteriormente como anticipo.

Respecto al modelo 347 de declaración anual de operaciones con terceros, la información se desglosa por trimestre, y tendremos que tener especial cuidado si el anticipo y la operación de venta son en trimestres distintos ya que podría producirse incoherencias entre el emisor y receptor de las facturas.

Por tanto, para evitar sanciones de la Agencia Tributaria por ingresar IVA fuera de plazo, deberá ingresar el IVA de los anticipos en el momento de su cobro, en la declaración que corresponda, y no conjuntamente cuando se facture finalmente la operación si se trata de trimestres distintos.

Alejandro Navarro García.

Diplomado en Relaciones Laborales.

Asesor de empresa.

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¿CÓMO ME AFECTA EL RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL EN MI EMPRESA?

Los autónomos son personas físicas que realizan en nombre propio una actividad comercial, industrial o profesional y que responden con todo su patrimonio de las deudas contraídas por terceros, tanto el empresarial como el personal. La responsabilidad es ilimitada frente a lo que ocurriría por ejemplo en una Sociedad Limitada. Por eso, cualquier autónomo tiene que decidir qué régimen matrimonial le conviene más (es posible modificarlo en cualquier momento), ya que las deudas empresariales que asuman podrán o no afectar al patrimonio conyugal.

Los autónomos (empresarios individuales) son personas físicas que realizan en nombre propio una actividad comercial, industrial o profesional y que responden con todo su patrimonio de las deudas contraídas por terceros, tanto el empresarial como el personal. La responsabilidad es ilimitada frente a lo que ocurriría por ejemplo en una Sociedad Limitada o Sociedad Anónima. Por eso, cualquier autónomo tiene que decidir qué régimen matrimonial le conviene más ya que las deudas empresariales que asuman podrán o no afectar al patrimonio conyugal.

¿Qué ocurre si el empresario está casado?

En este caso habrá que partir del Régimen Económico Matrimonial que se haya concertado y de los pactos contenidos en capitulaciones matrimoniales otorgadas, que deben constar debidamente inscritos en el Registro Mercantil.

En el caso de régimen de sociedad de gananciales, el más frecuente, todos los bienes adquiridos durante el matrimonio por cualquiera de los cónyuges quedarían afectados a esa responsabilidad. En cambio, no responderían los bienes privativos de su cónyuge (los bienes que éste tuviese antes del matrimonio, o los que hubiere adquirido después de forma gratuita, por ejemplo, a través de una herencia o donación).

Por tanto, quedan afectados al pago de las posibles deudas contraídas como resultado de las actividades mercantiles los bienes privativos del empresario y los bienes comunes del matrimonio adquiridos por los beneficios obtenidos de tales actividades. Para que los demás bienes comunes del matrimonio queden comprometidos es necesario el consentimiento de ambos cónyuges. Dicho consentimiento se presume otorgado por el otro cónyuge:

• Cuando el empresario realice sus actividades mercantiles con su conocimiento y sin su oposición expresa, y
• Cuando al contraer matrimonio, el empresario estuviese realizando actividades mercantiles y continuase su realización sin su oposición.
Sin olvidar tampoco que los bienes privativos del cónyuge del empresario sólo quedarán afectados cuando exista su consentimiento expreso en cada caso. No cabe el consentimiento tácito descrito.

Atención. El régimen de afectación de los bienes matrimoniales y del cónyuge no empresario puede variarse a través de pactos en contrario contenidos en capitulaciones matrimoniales debidamente inscritas en el Registro Mercantil.

Sin embargo, en el régimen de separación de bienes, cada cónyuge es propietario de sus propios bienes (bienes privativos), por lo que los bienes que posea el cónyuge del empresario no se verán afectados por sus actividades empresariales.

Por ello, el régimen matrimonial que más le conviene al autónomo es el de la separación de bienes y el de la participación en ganancias. De esta manera, se protege el patrimonio familiar ya que únicamente responderán de las deudas derivadas de la actividad económica del autónomo sus bienes. Además, otra de las opciones por la que suelen optar los autónomos es por otorgar capitulaciones matrimoniales ya que de esta forma pueden fijar cómo van a responder ante los acreedores.

Alejandro Eduardo Navarro García.

Diplomado en Relaciones Laborales.

Ojo espía

¿Puede su empresa grabar/vigilar a los trabajadores sin previo aviso? Le explicamos si es posible y  cuáles son los requisitos que se deben cumplir…

Una reciente sentencia del Tribunal Constitucional da validez a la instalación de cámaras de seguridad sin el consentimiento previo de los trabajadores. En cualquier caso, aunque pueda utilizar las grabaciones para sancionar o despedir a sus trabajadores, deben cumplirse una serie de requisitos para que la medida sea válida.

 

Seguramente que nos habremos hecho esta pregunta o conocemos directamente a algún amigo, familiar o conocido que ha vivido algo parecido. ¿Me puede vigilar el jefe?

 

La posibilidad o no de grabar a los empleados durante su jornada laboral en las instalaciones de la empresa lleva años generando problemas en los tribunales y creando Jurisprudencia, sobre todo desde que se generalizó el uso de sistemas de vigilancia con el fin de controlar la actividad y productividad de los trabajadores. Este tipo de dispositivos han servido para detectar robos, ausencias laborales y, en general, para proteger al empresario ante empleados que no cumplían sus funciones. Pero ¿es válida esa prueba? ¿Qué requisitos deben cumplirse para poder grabar a los empleados?

Pues bien, como ya habrá leído u oído en algún medio, el Tribunal Constitucional recientemente y modificando en cierto modo su criterio con respecto a casos anteriores., ha establecido que las empresas podrán vigilar con cámaras a sus empleados sin informarles del fin concreto, en una sentencia que cambia su doctrina y aclara el uso de videocámaras en la empresa.

 

Efectivamente, el Tribunal Constitucional en su sentencia de 3 de marzo de 2016 da validez a la instalación de cámaras de seguridad sin el consentimiento previo de los trabajadores.

 

El caso juzgado, muy controvertido entre los propios miembros del Tribunal pues no todos los magistrados estaban de acuerdo con la sentencia, consistió en que una empresa, ante las sospechas de que un trabajador metía mano en la caja, decidió poner una cámara de seguridad.  Las imágenes confirmaron las sospechas y la trabajadora fue despedida por haberse apropiado de efectivo en la caja, lo que la empresa sustentó en unas grabaciones de una cámara de video vigilancia de la que no se informó a los trabajadores, si bien en el escaparate del establecimiento, en un lugar visible, se colocó el distintivo informativo.

 

¿Es necesario pedir permiso antes de grabar?

 

Hasta ahora, si su empresa quería instalar una cámara de video vigilancia para controlar la actividad de sus trabajadores, podía hacerlo siempre que hubiera preavisado a su plantilla. Es decir:

 

  • Se debía informar de la instalación de la videocámara con carácter previo e indicando de forma precisa, clara e inequívoca que su finalidad era el control de la actividad laboral de los trabajadores.
  • Si se instalaba una cámara sin cumplir este requisito y después se utilizaba la grabación para despedir a un trabajador, el despido era improcedente. Ello, aunque la grabación demostrara que el trabajador había incumplido sus obligaciones.

Cambio de criterio del Tribunal Constitucional

 

El Pleno del Tribunal Constitucional ha rectificado la anterior doctrina que exigía que los empresarios dieran una información “previa, expresa, precisa, clara e inequívoca” a los trabajadores sobre la finalidad de instalar cámaras de captación de la imagen en los puestos de trabajo.

 

En una sentencia en la que desestima el recurso de amparo de una trabajadora que fue despedida tras descubrirse -gracias a una cámara cuya instalación no fue comunicada a los empleados- que se quedaba con dinero de la caja, el Tribunal Constitucional establece que los trabajadores deben ser informados genéricamente de la instalación de cámaras pero sin necesidad de que el empleador concrete los propósitos de la medida y el alcance del tratamiento de esos datos personales.

 

Así, el Tribunal Constitucional en su sentencia de 3 de marzo de 2016 reitera que su empresa debe preavisar a sus trabajadores. Sin embargo, matiza que es suficiente con la colocación de un distintivo que informe sobre la instalación de la cámara.

 

Por tanto, permite a la empresa adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, siempre que reúnan dos condiciones:

 

  • Que sean medidas proporcionadas y guarden la consideración debida a la dignidad de los trabajadores (en este caso, la cámara estaba situada en el lugar donde la trabajadora realizaba su trabajo, “enfocando directamente a la caja” y, además, en el escaparate del local había un rótulo informando de que en el local existía ese tipo de control, como obliga la Ley)
  • Que su única finalidad sea vigilar que cumplen con sus obligaciones laborales. En este supuesto, la instalación de las cámaras respondía a la finalidad de supervisar el cumplimiento del contrato de trabajo y por ello era legal hacerlo.

Atención. La normativa sobre protección de datos le obliga a colocar un distintivo informativo en un lugar visible (como, por ejemplo, en la puerta de entrada a sus instalaciones). Si su empresa cumple con dicha obligación, se entiende que sus trabajadores ya están avisados.  Por tanto, no deberá entregarles una comunicación adicional indicando que las grabaciones se utilizarán para imponer sanciones disciplinarias.

 

En definitiva, en caso de que quiera instalar una cámara de video vigilancia para controlar la actividad laboral de sus trabajadores, se entiende que éstos ya estarán avisados de ello si usted cuelga un distintivo en un lugar visible del centro de trabajo.

 

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

 

Alejandro Eduardo Navarro García.

Diplomado en Relaciones Laborales.

Graduado Social Colegiado.